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México listo
Antecedentes
La ratificación de México no podía llevarse a cabo sin la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se justificaba diciendo que era necesario un "análisis del impacto económico de la ratificación". Siendo ésta la única firma que faltaba para completar el proceso, las Organizaciones de la Sociedad Civil expresaron su preocupación escribiendo una carta pública, en la que solicitaban acelerar este proceso, así como el Senado instó públicamente al Gobierno a que acelerara este proceso en marzo de este año. La pandemia representa otro factor que ha obstaculizado este proceso, haciendo que el texto sea aprobado sólo al inicio del próximo período legislativo en septiembre (Bermúdez, 2020).
Para México, este tratado representó un refuerzo de los tres aspectos que se abordan principalmente en él, que ya estaban presentes en leyes como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Asimismo, existe un precedente de 5 jurisprudencia en torno a estos temas
Medio Ambiente
Devastación del territorio debido a megaproyectos
El sector que más descontento ha despertado en relación con el desarrollo de megaproyectos ha sido el sector energético, especialmente durante 2015 y 2016, después de la reforma energética que permitió la privatización del petróleo y de las actividades de explotación petrolera (CEMDA, 2019). Sin embargo, también ha habido megaproyectos del sector del agua, la industria, el desarrollo urbano, el turismo, la minería y la agricultura que se llevan a cabo sin consultar a las comunidades que habitan los territorios en cuestión y, por lo tanto, sin su consentimiento. La mayoría de estas injusticias se cometen en las regiones central y meridional de la república, donde se encuentran la mayoría de las zonas megadiversas del país, así como las comunidades de los pueblos indígenas (Resumen Latinoamericano, 2019).
Falta de transparencia en el acceso a la información ambiental
Es una situación recurrente que los megaproyectos mencionados se aprueben sin la debida aplicación de estudios de impacto ambiental y su posterior publicación para garantizar el libre acceso a la información. De esta forma, se permite la construcción de infraestructura y el establecimiento de industrias que sobreexplotan los recursos naturales y despojan injustamente a las comunidades rurales e indígenas de sus territorios (Portal del Medio Ambiente, 2019). Por otro lado, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) relativos a la tala de árboles, la reforestación, la ganadería, la contaminación y las actividades de servicios ambientales no son accesibles a la población.
Defensores
Entre 2012 y 2019 se registraron 499 ataques contra defensores del medio ambiente, que se manifestaron en amenazas, agresiones físicas, criminalización y, en el peor de los casos, en asesinatos, la mayoría de los cuales han sido clasificados como homicidios. Los estados con mayor número de agresiones registradas son Oaxaca, Sonora, Estado de México y Puebla (CEMDA, 2019). La mayoría de los casos quedan impunes debido a la ineficiencia del sistema judicial y a la corrupción, situación preocupante dado que se estima que el 43% de las agresiones provienen de las autoridades gubernamentales (CEMDA, 2017).
Los datos recogidos en el informe de la CEMDA muestran que aunque el número general de agresiones contra los defensores disminuyó en 2019, los homicidios siguen teniendo las mismas cifras que en 2017 y 2018 (cuando se registraron 16 asesinatos en cada uno de los años); además, se sitúa como una de las agresiones más recurrentes contra los defensores en México, las víctimas, las personas que deciden defender a sus comunidades de los megaproyectos energéticos y agroindustriales. Global Witness reveló que México fue el cuarto país más peligroso para los defensores de la Tierra en 2018 con 14 asesinatos y en el informe de 2019 ocupó el sexto lugar con 14 homicidios de ambientalistas (INFOBAE, 2019). En 2020, en lo que va de la emergencia sanitaria de Covid-19, han sido asesinados 10 activistas en Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Sonora (Méndez, 2020).
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